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Autoridades yucatecas alargan plazo para desalojar granja de cerdos ubicada en el Anillo de Cenotes de Yucatán

El influyentismo de  la familia yucateca García Gamboa y Ortiz García poseedores de una fortuna en millones de dolares,  se hace presente

  • Juez cuarta de distrito dicta ultimátum de 24 hrs. para clausurar mega granja porcícola
  • Guardianes de los cenotes envían cartas a las embajadas de los países que comercializan con la empresa kekén y PAPO para notificar que no son empresas socialmente responsables

 

Al cumplirse el plazo que otorgó la Juez cuarta de distrito para desalojar la megagranja porcícola, suspensión otorgada e incumplida reiteradamente desde principios de octubre, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), en una burla, colocó un pequeño sello de clausura y notificó a la empresa que cuenta con 15 días hábiles para desalojar a los cerdos.

Esta suspensión la otorgó la Juez Cuarta en el amparo que promovieron representantes de niños y niñas de Homún para proteger de daños irreparables, ya que la megagranja porcícola por extracción y descarga en una zona altamente vulnerable, tanto por el tipo de suelo como por encontrarse en la zona de recarga de la reserva geohidrológica anillo de los cenotes, así como por haberse autorizado sin haber consultado al pueblo maya de Homún.

En el transcurso del juicio de amparo se ha documentado que los permisos se obtuvieron mediante irregularidades.

El 23 de octubre pasado la Juez otorgó cinco días hábiles para paralizar totalmente las actividades y explicó que eso significaba que en ese término las autoridades responsables debían verificar que se hubiera sacado a los cerdos de la granja y que ésta hubiera dejado de funcionar por completo.

Las 24 horas que otorgó la juez como ultimátum para desalojar a los cerdos se cumplían el día de hoy, lo que informaron hoy al mediodía en una conferencia de prensa los Guardianes de los cenotes y el equipo Indignación. En sus consideraciones la Juez observó que no podía ser más importante la vida de los cerdos que la salud y la vida de la infancia, de la población de Homún, así como afectaciones a la salud, medioambiente y agua de la península entera.

Seduma acudió hoy viernes  por la tarde a la megagranja para clausurar y dar 15 días hábiles, lo que resulta una simulación y una burla a lo decretada por la Juez cuarta, en cuya resolución incluso llega a señalar, además de las sanciones como inhabilitación para ocupar cargos públicos, que el Gobierno de Yucatán no tiene pretexto para el incumplimiento pues si la empresa no trasladase a sus cerdos a alguna granja, el Gobierno cuenta con rastros e incluso crematorios como última instancia.

El titular del Gobierno de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, es responsable de dar cumplimiento a esta orden y sus omisiones representan también una burla a la decisión judicial.

Antecedentes

 

En días pasados la empresa  de los García Gamboa  Ortiz García que instalaron su granja contaminante de cerdos en Homún; área llena de cenotes que son parte de la reserva de agua para la Península de Yucatán y que estos están conectados a los cenotes y rios de agua subterraneos que desembocan en la Rivier Maya de Quintana Roo, léase Xcaret y Xel-Há impidió hoy a actuario del Juzgado cuarto de distrito realizar una inspección judicial como parte del juicio de amparo interpuesto por representantes de niñas y niños de Homún ante la amenaza a su derecho a un medioambiente sano y como parte del pueblo maya.

Tras el desacato, la burla y el cagarse sobre los derechos de los niños y niñas de Homún, además de poner en riesgo todo el ecosistema de la Riviera Maya de Quintana Roo,  de la cual miles de familias dependen por los atractivos turísticos,  también se pone en riesgo la inversión turística valuada en miles de millones de dolares en Quintana Roo, todo por los poderosos intereses de los García Gamboa -Ortiz García, quienes incluso sobornaron a los diputados del Congreso del Estado de Yucatán.

La afrenta de los dueños de la granja no conoce límites y tampoco hay quien les ponga un alto a nivel nacional.

Tanto la extracción de agua como su descarga representan un riesgo de contaminación del agua, además de que distintas autoridades otorgaron permisos de manera irregular y sin garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada a la que tiene derecho un pueblo originario ante cualquier proyecto que se pretenda realizar en su territorio.

Hace algunos días la empresa impidió también la inspección solicitada en el incidente de incumplimiento de la medida cautelar decretada desde octubre y que consistía en paralizar por completo las operaciones de la granja.

La empresa no ha cumplido la medida cautelar decretada y ha obstaculizado e impedido la inspección que determinaría que se encuentran incumpliendo la medida.

Unas semanas antes la empresa había ofrecido una inspección judicial como parte del juicio de amparo, pero se desistió de ella.

La diligencia se decretó desde el día 7 de noviembre, cuando Indignación, junto con representantes de las y los niños, interpusimos el incidente de incumplimiento de sentencia. Desde entonces se programó para el día 26 de noviembre, es decir ayer, pero representantes  de la empresa negaron la entrada a personal del juzgado aduciendo que no sabían de la diligencia, a pesar de que estuvieron presentes pues incluso presentaron alegatos.

Pocos días después los inspect0res llegaron a la granja pero los empleados impidieron su acceso a  la inspección.

A principios de octubre el juzgado cuarto de distrito decretó la medida provisional y, el 9 de octubre, otorgó la suspensión definitiva en tanto se resuelve el amparo para proteger derechos de la infancia. El 23 de octubre la Juez Cuarta de distrito otorgó un plazo improrrogable de cinco días hábiles para cumplir la suspensión y explicó que consistía en la paralización completa de actividades de la megagranja porcícola y las sanciones de las que pueden hacerse acreedoras las autoridades que tienen la obligación de garantizar dicha suspensión.

El plazo improrrogable se cumplió el pasado 6 de noviembre. Empresa y autoridades se encuentran en desacato ante la orden del juzgado cuarto de distrito.

Hace unos días informamos que, además de Seduma, del Alcalde de Homún y del Gobierno del Estado, la Juez cuarta de distrito admitió que se sumen nuevas autoridades: el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Yucatán y CONAGUA. Por los actos de dichas autoridades también otorgó la suspensión definitiva.

 

 




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